Ortega sobre declaración institucional LGTBI
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 17 MAYO – DÍA CONTRA LA LGTBIFOBIA 2024.
El 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia (LGTBI fobia). Este día recuerda la fecha en la que la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. El lema escogido para conmemorar este año es “Sin dejar a nadie atrás: Igualdad, Libertad y Justicia para todos” una llamada a la unidad de acción, porque sólo a través de la solidaridad mutua crearemos un mundo sin injusticia y sin dejar a nadie atrás.
Este día internacional fue reconocido como Día Nacional en España por acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de junio de 2009. Este año nos encontramos ante una cita transcendental, España es un país referente en el mundo debido a las normas aprobadas a lo largo de los últimos años y que han dotado de derechos a las personas del colectivo LGTBI.
Durante los últimos años hemos asistido con preocupación a la aprobación de leyes abiertamente anti LGTBI en algunos Estados Miembros de la Unión Europea. La respuesta de demócratassiempre ha sido y continuaremos, como hasta ahora, defendiendo la litigación estratégica para velar por el cumplimiento de los preceptos establecidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como ha hecho España junto a la Comisión Europea con Hungría y sus legislaciones contra los derechos LGTBI.
Conviene recordar que algunos gobiernos autonómicos han intentado recortar los derechos LGTBI cercenando por primera vez en nuestra historia democrática los derechos conquistados.
Frente a estas políticas, las y los demócratas, defensores de la libertad, abogamos por reforzar la igualdad de trato y de oportunidades y la lucha contra toda forma de discriminación por orientación e identidad sexual y expresión de género, y combatiremos todos los obstáculos que siguen impidiendo que las personas LGTBI desarrollen sus proyectos vitales en igualdad y libres de discriminación.
La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, sí como la Ley Integral para la igualdad de trato y la no discriminación, han supuesto un importante avance hacia la igualdad, la justicia y la protección y reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI, impulsando a nuestro país a la cabeza de los países respetuosos con las personas LGTBI.
La Ley LGTBI y Trans establece la obligación a los poderes públicos de poner en marcha las medidas necesarias para acabar con la discriminación histórica y sistémica hacia las personas trans, y a definir las políticas públicas que garanticen los derechos de las personas LGTBI+. La ley establece, asimismo, el mecanismo para el cambio de la mención registral del sexo acorde a los estándares internacionales basados en la autodeterminación y la despatologización. Además, esta legislación establece la adopción de medidas a favor de los derechos de las personas intersexuales, y la prohibición, en todo el Estado Español, de las conocidas como terapias de conversión, que no son,sino torturas promovidas por prejuicios ideológicos contra las personas LGTBI.
Los datos preliminares ofrecidos por el Ministerio del Interior señalan que las fuerzas de seguridad registraron en 2023 un aumento de más de un 30% de delitos de odio respecto al año anterior. Los incidentes relacionados con la discriminación por la orientación sexual o identidad de género de la víctima son, en la actualidad, el segundo más representado en las estadísticas de delitos de odio en nuestro país, alcanzando la cuarta parte de todos los que se denuncian.
Estos datos reflejan que, pese la alta aceptación de la diversidad sexual por parte de la sociedad española y su compromiso en la defensa de los derechos de las personas LGTBI, asistimos paralelamente a un auge de los discursos anti-LGTBI, sobre los que alertan tanto las organizaciones de defensa de los derechos LGTBI como las instituciones europeas, y que comprometen seriamente el bienestar, la seguridad y la no discriminación de las personas LGTBI y, en particular, de las personas trans. Porque el 48% de las personas LGTBI en España, según datos de la FRA, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, evitan ir de la mano con sus parejas en público (seis de cada 10 en la Unión Europea) y el 23% nunca hace visible su orientación sexual o su identidad sexual (el 30% en la UE) por miedo a sufrir violencia y el 21 % se sintió discriminado en el trabajo. Si bien, el 43% de las personas LGTBI en España consideran que su Gobierno combate eficazmente los prejuicios e intolerancia hacia las personas LGTBI, porcentaje mayor que en Europa, que es del 33%.
España y la Región de Murcia tienen que avanzar en línea con las recomendaciones establecidas por la Comisión Europea en su primera "Estrategia de Igualdad LGBTIQ 2020-2025". Durante la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea, se impulsó la firma en Madrid de la Declaración “Avanzando los derechos LGBTIQ en Europa”, rubricada por 16 estados miembro de la Unión Europea, y que supone un ambicioso llamamiento tanto a los estados como la Comisión Europea a continuar el progreso en la defensa y promoción de los derechos de las personas LGTBI en todos los ámbitos de la vida y en todas las políticas.
En España se han puesto en marcha medidas como el servicio LGTBI 028 de información y atención integral en materia de derechos LGTBI y delitos de odio por LGTBIfobia. En este sentido, se tiene que desarrollar una Estrategia Estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI+ y de una Estrategia Estatal para la inclusión social de las personas trans. Igualmente, existe una Mesa de Diálogo Social con los agentes sociales a fin de desarrollar reglamentariamente el artículo 15 de la Ley LGTBI y Trans, que establece la obligación de las empresas de más de cincuenta personas trabajadoras de contar con un planes y medidas para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, incluyendo un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra las personas LGTBI, que se están empezando a implementar socialmente.
Aquí en la Región de Murcia, el 1 de junio de 2016 entró en vigor la Ley 8/2016 de 27 de mayo, de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e Intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Dicha normativa contó con el voto favorable de la unanimidad de los grupos parlamentarios con representación en la Asamblea Regional y supuso un importante avance en la defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+ de la Región de Murcia, siendo una de las leyes más ambiciosas en el ámbito autonómico de nuestro país.
Sin embargo, a pesar de que esta es de obligado cumplimiento, desde hace ya ocho años, el Gobierno regional no ha elaborado la mayor parte de las disposiciones que permitan su desarrollo y ejecución íntegra, habiéndose superado con creces el plazo de nueve meses desde su entrada en vigor, que establece la Disposición Final Primera, Punto 2 de la citada Ley.
Sin ir más lejos, el observatorio LGTBI solo se ha reunido en dos ocasiones, sigue sin tener funciones claras y no cuenta con el apoyo de los colectivos LGTBI de la Región. Además, y solo a modo de muestra, no se han puesto en marcha los protocolos de atención integral a las personas trans en el ámbito sanitario, tal como ordena el artículo 14 de la Ley; no se ha elaborado el Plan Interdepartamental contemplado en la Disposición Adicional Segunda de la misma; no se ha elaborado el Plan Integral sobre Educación y Diversidad LGTBI, que contempla el artículo 25 de la norma; no se ha promocionado, tal como indica el artículo 33, la cultura inclusiva desde todas las instituciones regionales; no se elabora anualmente el informe de impacto de cumplimiento de la citada Ley, tal como mandata la Disposición Adicional Tercera, y no se han desarrollado las disposiciones y reglamentos que permitan una aplicación efectiva del contenido íntegro de la Ley.
Por lo tanto, para favorecer la no discriminación y la inclusión de la comunidad LGTBI en la Región de Murcia de una manera efectiva, exigimos a las administraciones correspondientes que se cumpla la Ley regional LGTBI aprobada por unanimidad para que, de esta forma, se aplique. También, que se coloque la bandera LGTBI durante este día en la fachada de la Asamblea como indica la propia Ley y se ilumine la fachada con los colores del arcoíris que representan al colectivo.
Finalmente, en este día, el parlamento autonómico de la Región de Murcia reitera su compromiso de trabajar contra los discursos y los delitos de odio contra la población LGTBI, tanto en nuestro país como en Europa, y buscaremos hacer de esta lucha un pilar esencial de los valores europeos, españoles y regionales.
