Opinión de Juan Morales Leante (Ex-Presidente de la Entidad de Conservación del Polígono Santa Ana) sobre FCC-Ayuntamiento y Polígono Santa Ana
FCC – AYUNTAMIENTO - POLÍGONO SANTA ANA
¡Este informe demuestra que los vecinos del Polígono, y de toda Cartagena,
estamos gobernados por auténticos ineptos!
El 10 de julio, la alcaldesa y la vicealcaldesa de Cartagena dieron una rueda
de prensa para anunciar la apertura de un expediente a Lhicarsa por supuestas
irregularidades, en la que nombraron al Polígono Santa Ana. Afirmaron
textualmente:
Que el Polígono tiene contratado con FCC la recogida y también la gestión de los residuos.
Que no se pagaban tasas porque los residuos entraban al Gorguel en camiones de Lhicarsa.
Que FCC ha reconocido que utilizó camiones del Ayuntamiento para servicios particulares, porque ya avisó en octubre de 2015 que los quería dar de baja para el servicio municipal.
Que los inspectores creen que se utilizaron esos camiones desde octubre de 2015, pero que sólo se ha podido comprobar desde enero de 2016, porque se conservan partes de trabajo desde esa fecha.
Y presumieron hasta la saciedad de “actuar de forma seria, rigurosa y
responsable” y de que “las presuntas irregularidades se han descubierto
gracias a la investigación iniciada en enero de 2020 por el gobierno actual”.
Sin embargo, la realidad es muy distinta de la que describieron:
1. La Entidad de Conservación siempre ha llevado los residuos al Gorguel
(excepto durante unos meses de 2005 y 2006).
La Entidad se encarga de llevar los contenedores de residuos orgánicos,
limpieza viaria, madera, jardinería y resto.
Y el Ayuntamiento se encarga de recoger los contenedores de reciclaje
(plástico, cartón y vidrio).
* La media anual de residuos que genera el Polígono (sin contar los
reciclables) es de más de 1.600 toneladas.
2. La Entidad de Conservación no paga tasas porque está autorizada
por responsables políticos, y así lo demuestran varios documentos.
Desde el año 2004 se ha tratado este asunto con el Ayuntamiento en tres
ocasiones:
El acta de la Junta de Gobierno del 12 de septiembre de 2005 dice que “se dejó de llevar los residuos al Gorguel por unos problemas con la separación de los mismos”, lo que demuestra que anteriormente ya se estaban llevando sin coste.
El Cierre económico de 2007 lo ratifica: dice textualmente que “se volvió a
llevar los residuos al Gorguel sin coste para la Entidad”.
El acta de la Asamblea de 19 de diciembre de 2011 (en su página 9) recoge las conversaciones del Presidente de la Entidad con el concejal de Infraestructuras del PP, Francisco Espejo, en las que el concejal “acuerda que la Entidad continúe llevando los residuos al Gorguel, con coste cero”.
No se volvió a tratar el tema hasta el año 2018, cuando el Presidente de la Entidad (Cayetano García) presentó en la Junta de Gobierno del 15 de noviembre el borrador del nuevo Convenio con el Ayuntamiento.
Ese borrador refleja que “el Ayuntamiento se hará cargo del depósito y
tratamiento de residuos”.
Y el acta de esa Junta de Gobierno (en su página 3) dice textualmente: “el
borrador del Convenio se lleva desde mayo trabajando con todas las
concejalías afectadas y los técnicos municipales” y que “todo lo incluido en
el convenio tiene la aceptación municipal”.
Es decir, en mayo de 2018 la alcaldesa y Torralba (entonces del PSOE), y los
técnicos, ya sabían que la Entidad no pagaba tasas y estaban de acuerdo.
3. Desde 2004 (como mínimo) los contenedores que gestiona la Entidad los
transportaba DAYSA S.L.
En agosto de 2013, la Entidad firmó un contrato con FCC exclusivamente
por la retirada y no por la “gestión de los residuos”.
Un contrato que redujo considerablemente el coste del servicio: de los 46.784€
en 2012 a los 36.085€ en 2014 (cantidades sin IVA).
* Los residuos de vidrio, plástico y cartón siempre los ha transportado
Lhicarsa.
4. Desde agosto de 2013 FCC siempre ha enviado al Polígono a los
mismos dos camiones (por lo menos hasta 2017).
* Esto se puede comprobar en los listados anuales de Lhicarsa que FCC
entrega a la Entidad de Conservación: contienen las pesadas y las matrículas
de los camiones que transportan los residuos.
CONCLUSIONES:
1. Es falso que el Polígono tiene contratado con FCC la gestión de los
residuos (solo tiene contratado el transporte): un dato “inventado”
por la alcaldesa, porque dudo que los técnicos hayan incluido
semejante cosa en su informe.
2. Es falso que no se pagaban tasas porque los camiones eran de
Lhicarsa, sino porque estaba autorizado por los responsables políticos
del PP (en los años 90, en 2007 y en 2011) y del PSOE (en 2018).
3. Es falso que FCC utilizó camiones de Lhicarsa desde octubre de
2015 o enero de 2016: si lo hizo, fue desde el principio del contrato
(2013) o durante los últimos años (2018-2019).
4. Es falso que “las presuntas irregularidades se han descubierto gracias a
la investigación iniciada en enero de 2020 por el gobierno actual”: en
2018 ya sabían que la Entidad no pagaba tasas.
5. Es falso que el gobierno municipal haya actuado con la “seriedad,
rigurosidad y responsabilidad” de las que presume: en la rueda de
prensa se centraron en el Polígono Santa Ana, en desprestigiar a
José López y en “ponerse medallas” que no les corresponden,
obviando otras presuntas irregularidades que sí pueden ser ciertas.
La Entidad de Conservación tendría que haber emitido un comunicado
para informar de este asunto a los vecinos: se lo pedí a la Gerente en dos
ocasiones (ni se dignó en contestar que recibió mis correos) y, hace unos días,
al Presidente (que parece haberlo entendido).
También deberían desmentir las declaraciones (plagadas de falsedades)
que el
Secretario de la Entidad hizo al diario La Verdad el pasado 11 de julio:
Ni FCC cobra 58.000€ al año por el servicio.
Ni se encarga de recoger esos contenedores desde el principio del
funcionamiento del sistema de residuos.
Ni los contenedores transportan 25 toneladas de residuos orgánicos.
Ni la Entidad podría pedir responsabilidades, porque sólo paga por el
transporte.
Informe realizado por Jorge Juan Morales Leante, Presidente de la Entidad
(2013-2016) y Vicepresidente (2017).
PD: ante estas pruebas fehacientes, el gobierno municipal debe rectificar,
pedir disculpas, asumir responsabilidades y dedicarse exclusivamente a
hacer un correcto seguimiento del servicio, ¡que para eso cobra!